Esta entrada
ha sido escrita por Carolina García, de la ONG Solidaridad
Internacional.
El 25 de
noviembre de 1960, las hermanas Mirabal, activistas y opositoras al dictador
Trujillo, eran asesinadas en República Dominicana. En el Primer Encuentro
Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en 1981 se decidió recordarlas
cada 25 de noviembre, instaurando la fecha como Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
30 años
después, el feminicidio sigue siendo un problema
global que se da en todas las sociedades sin distinción, amparado por un
sistema que establece relaciones de subordinación, explotando a las mujeres y
tratándolas como seres inferiores. En el mundo mueren más mujeres entre 15 y 44
años víctimas de violencia que de cáncer o en accidente de tráfico. Sin
embargo, todavía nos cuesta reconocer la gravedad del problema y muchas de las
muertes, agresiones, acosos, etc permanecen en la impunidad. La violencia que
ocurre “de puertas hacia dentro”, sigue normalizada por parte de la sociedad (aquí
y en otros países), que la ve como algo que debe resolverse en privado.
Hoy, la
igualdad de género y la lucha contra la violencia no está tan presente en las
agendas de los gobiernos, que han reducido su apoyo a organismos
internacionales y organizaciones y redes de mujeres. Las prioridades han
cambiado, y la violencia contra las mujeres sólo lo es cuando se acerca el 25
de noviembre. Al descenso de los recursos se une un potente resurgir de
posturas conservadoras, machistas y patriarcales, que intentan frenar las
libertades conquistadas y recuperar el control sobre los cuerpos, las
decisiones y las vidas de las mujeres.
¿Decisión
política o consecuencia de la crisis? La realidad es que se evaporan los
compromisos con los derechos de las mujeres y se aplica la tijera en
presupuestos para la prevención, la atención y el empoderamiento. Atrás quedan
los tiempos de un verdadero compromiso ya que hace tan sólo dos años, la cooperación
española era el segundo mayor donante mundial en este sector.
Durante ese
periodo, la mayoría de los recursos (más de 190 millones de euros) se
destinaron a América Latina. Esta apuesta, sumada al trabajo valiente de
organizaciones feministas y de mujeres latinoamericanas, ha producido
resultados muy positivos en la región andina: A finales de 2011 Perú introdujo expresamente
el delito de feminicidio en su Código Penal. Un avance que ha tenido
efecto espejo en otros países de la región, como Bolivia y Ecuador, donde el
contexto político y social es favorable a la tipificación del feminicidio.
Tradicionalmente
Europa se ha sentido orgullosa de exportar a otros países su modelo de
derechos. Hoy los roles están cambiando, y mientras aquí se retrocede en
derechos y libertades fundamentales, los avances legales en estos países se
convierten en un ejemplo a seguir.
Sin embargo,
estos avances también están en riesgo. En el caso español, el recorte del 70%
en cooperación y que los programas de género ya no sean prioritarios, pueden
echar por tierra recursos y trabajo invertido, frenando los avances más
positivos que se han dado en décadas. Además de la cuestión de la “eficacia”
-de la que tanto nos gusta hablar en desarrollo- esto también puede tener
consecuencias muy graves para miles de mujeres, allí y aquí, ya que este
problema global requiere de un esfuerzo conjunto para afrontarlo.
Por todo eso
es necesario continuar apoyando los esfuerzos y demandas de la sociedad
civil, porque el trabajo no acaba con la tipificación del feminicidio. Pero es
un paso más, una batalla ganada que nos debe animar a seguir luchando, dentro y
fuera de nuestras fronteras, por el cumplimiento de los derechos de las mujeres
y logro del derecho a una vida libre de violencia.
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